Un análisis publicado el 19 de mayo de 2026 alerta que Estados Unidos depende en gran medida de suministros extranjeros de minerales críticos usados en baterías, una situación que plantea riesgos para la seguridad nacional, la competitividad económica y los objetivos de la transición energética. El documento subraya que esa dependencia no solo es cuestión de disponibilidad de reservas, sino de la capacidad global para procesar y refinar esos insumos hasta convertirlos en materiales aptos para la fabricación industrial.
El informe identifica seis fuerzas que impulsan la demanda de minerales críticos: la electrificación del transporte (vehículos eléctricos y flotas comerciales), la electrónica de consumo, la expansión de infraestructura de inteligencia artificial y centros de datos, el almacenamiento energético a escala de red, aplicaciones de defensa, y la ampliación de infraestructura de datos que requiere energía de respaldo basada en baterías. Estas demandas convergentes están acelerando el consumo de litio, níquel, cobalto, grafito, manganeso y otros materiales esenciales.
En paralelo, la composición tecnológica de la industria está cambiando. Algunas químicas de baterías, como el fosfato de hierro y litio (LFP), reducen la necesidad de cobalto y níquel, pero introducen nuevas dependencias materiales y de procesamiento. Ese cambio no elimina la exposición a riesgos globales: la cadena completa — desde la extracción hasta la refinación y la fabricación de celdas — sigue concentrada en regiones específicas, lo que incrementa la competencia por capacidad de procesamiento y crea vulnerabilidades en caso de interrupciones.
La concentración geográfica de la industria tiene consecuencias estratégicas concretas. Según el análisis, China es el principal refinador en 19 de los 20 minerales críticos estratégicos estudiados, con una participación de mercado promedio cercana al 70%. Esa estructura concentra la capacidad de convertir materias primas en insumos manufacturables y deja expuestos a Estados Unidos y a sus aliados ante posibles presiones geopolíticas, sanciones o cortes de suministro.
El crecimiento esperado del mercado hace más urgente el desafío. Expertos citados proyectan que el mercado global de almacenamiento energético en baterías aumentará desde 50.8 mil millones de dólares en 2025 hasta casi 106 mil millones en 2030. Ese salto implicará un volumen masivo de baterías al final de su vida útil durante la década siguiente, lo que convierte al reciclaje en una palanca esencial para recuperar materiales críticos y aliviar parte de la presión sobre las cadenas de suministro primarias.
Recuperar y refinar materiales procedentes de baterías usadas reduce la dependencia de regiones volátiles y puede abaratar costos para el consumidor al aumentar la oferta de insumos a nivel local. Además, desarrollar capacidades nacionales de refinación y reciclaje fortalece la resiliencia industrial: no basta con tener reservas minerales, es necesario disponer de instalaciones y procesos que transformen esas reservas en materiales manufacturables dentro del país.
El informe enfatiza que la respuesta requiere tanto inversión industrial como políticas públicas. Se necesitan medidas para diversificar las cadenas de suministro, fomentar la construcción de capacidad de refinación y apoyar la investigación en nuevas químicas y en procesos de reciclaje que aumenten tasas de recuperación y calidad del material reciclado. Sin políticas coherentes que acompañen la inversión privada, la expansión de la demanda podría seguir exponiendo a la economía a fluctuaciones y riesgos geopolíticos.
Para actores prácticos — fabricantes, responsables de política y planificadores de infraestructura — el análisis recomienda priorizar la creación de plantas de refinación y de reciclaje, vigilar la evolución de las químicas de baterías como LFP, y considerar la seguridad de suministro como un factor estratégico en decisiones de inversión y contratación. La conclusión central es que la transición energética y la seguridad industrial dependerán tanto de cuánto material exista como de la capacidad de convertirlo y circularlo de forma segura y sostenible dentro del país.
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