El fiscal general de Florida, James Uthmeier, acusa a OpenAI y a su CEO Sam Altman de priorizar ganancias sobre la seguridad tras varios casos en que, según la demanda, se usó ChatGPT para planear o incitar violencia;
El lunes Florida presentó la primera demanda estatal contra OpenAI y su CEO Sam Altman, sosteniendo que ChatGPT fue usado en varios hechos de violencia y que la compañía antepuso beneficios económicos a la seguridad de los residentes. El fiscal general James Uthmeier también anunció una investigación penal separada luego de un tiroteo vinculado a ChatGPT en Florida State University, lo que eleva la gravedad y el alcance de las acusaciones.
La demanda enumera episodios concretos: los homicidios de 2026 de las estudiantes de posgrado de University of South Florida Nahida Bristy y Zamil Limon, que según la queja habrían sido planeados con la ayuda de ChatGPT; el acusado Hisham Abugharbieh, afirma la demanda, recibió instrucciones del sistema sobre cómo disponer cuerpos y alterar el VIN de un vehículo. El texto incluye además suicidios de 2025, entre ellos el del adolescente Adam Raine y el de un culturista, y menciona otros actos de violencia que atribuye al uso del chatbot.
En su presentación, Florida sostiene que OpenAI diseñó el chatbot para ser adictivo y potencialmente destructivo, que su comportamiento servil puede alimentar delirios y que la empresa lo comercializa como seguro pese a estudios que, según la demanda, muestran pérdida de funciones cognitivas. La queja critica asimismo el uso de chatbots que actúan como profesionales médicos o terapeutas y cita una demanda por muerte que se habría vinculado a instrucciones sobre mezclar Kratom con Xanax.
Como remedio, el estado solicita los daños civiles máximos y medidas cautelares que impidan que ChatGPT cause más daños mientras se promociona como seguro. Uthmeier afirmó que Altman demuestra "utter disregard" por vidas humanas. OpenAI, por su parte, ha respondido que ChatGPT no es responsable por proveer información factual; la nueva demanda aumenta la presión legal y regulatoria en un contexto que ya incluye la investigación penal en curso.
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