El despliegue acelerado de centros de datos para IA ha generado préstamos por miles de millones que están acercando a varios bancos a sus límites de concentración, por lo que buscan transferir o vender parte del riesgo a inversores externos.
Varios bancos estadounidenses están alcanzando sus límites internos de concentración de crédito por los grandes préstamos destinados a construir centros de datos de inteligencia artificial y buscan formas de transferir o vender ese riesgo para no superar sus umbrales regulatorios y de apetito por el riesgo. Instituciones como JPMorgan Chase, Morgan Stanley, SMBC y MUFG se encuentran entre las que han tenido que replantear cómo distribuir esas exposiciones.
Un ejemplo emblemático es un paquete de préstamos por 38.000 millones de dólares vinculado a centros de datos de Oracle en Texas y Wisconsin, que ha probado el tamaño y la complejidad de estas operaciones. JPMorgan y MUFG pasaron meses intentando redistribuir porciones de ese crédito en el mercado; por su parte, Oracle ya había captado 18.000 millones mediante emisiones de bonos.
Para limitar su exposición, los bancos están recurriendo a ventas directas de préstamos y a transferencias de riesgo significativas (significant risk transfers). En esos acuerdos el préstamo suele permanecer en el balance de la entidad, pero parte del riesgo de impago se asigna a fondos de crédito, aseguradoras u otros compradores a cambio de un rendimiento mayor, lo que permite al banco reducir la congestión regulatoria sin desprenderse totalmente del activo.
Gestores y fondos alertan sobre la concentración de estas operaciones. Matthew Moniot (Man Group) afirmó que las cifras son tan grandes que las entidades empiezan a “ahogarse”. Frank Benhamou (Cheyne Capital) considera que esos acuerdos son más arriesgados que las transferencias habituales, por la elevada concentración de prestatarios y la exposición a sobrecostes o fallos en la construcción de los proyectos.
Además, la incertidumbre política añade otra capa de riesgo. En Maine se aprobó la medida LD 307, que establece una moratoria sobre centros de datos de 20 MW o más hasta el 1 de noviembre de 2027. La gobernadora Janet Mills vetó la ley el 24 de abril de 2026 y, tras ratificar el veto el 29 de abril, firmó una orden ejecutiva para crear un consejo asesor de 15 miembros que debe emitir recomendaciones sobre proyectos de gran escala antes de enero de 2027.
El veto respondió en parte al riesgo de paralizar un proyecto de 550 millones de dólares en el antiguo aserradero de Androscoggin en Jay, que prometía unos 800 empleos en obra y al menos 100 puestos permanentes. Las implicaciones prácticas son claras: la necesidad de repartir grandes créditos puede cambiar quién financia la expansión de la infraestructura de IA, desplazando exposición hacia inversores no bancarios y, en ocasiones, forzando ventas con descuento a compradores que exigen mayor rentabilidad. Esa combinación de préstamos gigantes, cesiones a precio rebajado y fricciones políticas puede ralentizar los calendarios de construcción y encarecer el coste de capital para futuros centros de datos.
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