Jueza aplaza aprobación del acuerdo de $1,500 millones entre Anthropic y autores por objeciones a honorarios

La magistrada Araceli Martinez‑Olguin pospuso la aprobación final del acuerdo por $1,500 millones entre Anthropic y autores luego de que varios miembros de la clase presentaran objeciones formales. El aplazamiento busca que los demandantes respondan a preocupaciones sobre la equidad de la distribución; la jueza pidió aclaraciones antes de autorizar el cierre del pacto, lo que retrasa su ejecución y abre la puerta a una revisión más estrecha del reparto de fondos.

Los objetores sostienen que el equipo legal de los autores solicita más de $320 millones en honorarios mientras que cada autor podría recibir alrededor de $3,000. Pierce Story, uno de los autores afectado, calculó que ese pedido equivaldría a unos $10,000–$12,000 por hora para los abogados, y argumenta que reducir los honorarios podría aumentar sustancialmente las asignaciones individuales.

Un representante del grupo de autores contestó que las reclamaciones presentadas cubren más del 92% de las más de 480,000 obras incluidas en el acuerdo, cifra que el equipo de defensa usa para justificar el tamaño del fondo y su método de cálculo. Esa representación es central en la disputa sobre si los honorarios deben basarse en el monto total del fondo o en el número real de reclamantes compensados.

Los objetores citan precedentes judiciales para cuestionar solicitudes de honorarios elevadas, como un fallo del 8th Circuit en un caso contra T‑Mobile que señalaba solicitudes de entre $7,000 y $9,500 como motivo de escrutinio. Además hay acusaciones de que el equipo legal intentó limitar la voz de quienes se oponen, una cuestión procesal que la magistrada también consideró al pedir explicaciones.

Por qué importa: los objetores piden ajustes a la distribución de honorarios para aumentar los pagos a autores; Pierce Story propone que un pago de $70 millones a los abogados — en lugar de la cifra reclamada — podría elevar casi 25% las asignaciones individuales. El resultado del proceso puede implicar cambios en la distribución, mayor escrutinio judicial y nuevas dilaciones antes del cierre definitivo del acuerdo.