La facultad aprobó restaurar la observación de exámenes en aula a partir del 1 de julio tras datos de 2025 que muestran uso extendido de IA en fraudes académicos y una fuerte reticencia estudiantil a denunciar a sus pares.
Princeton University aprobó esta semana una norma que exige la supervisión de exámenes presenciales por parte del profesorado, medida que entra en vigor el 1 de julio; la votación tuvo una sola objeción. La iniciativa responde a la percepción institucional de que las violaciones del Honor Code se han vuelto generalizadas en evaluaciones en aula y busca generar testigos y registros más formales de posibles fraudes.
La decisión altera una práctica con raíces históricas: el Honor Code, vigente desde 1893, prohibía la vigilancia por parte del profesorado y establecía que los estudiantes firmaran una declaración de honor al inicio de cada examen. Bajo la nueva regla, los profesores podrán observar a los alumnos, tomar notas y actuar como “testigo adicional”, pero no tendrán autoridad para intervenir físicamente durante intentos de trampa.
Los datos que motivaron el cambio incluyen una encuesta entre estudiantes de último año de 2025 en la que el 29.9% admitió haber hecho trampa en al menos una tarea o examen. Esos porcentajes varían según la titulación: entre los estudiantes de Bachelor of Science in Engineering (BSE) la cifra alcanza el 40.8%, mientras que entre los de Bachelor of Arts (BA) es del 26.4%. Además, el 44.6% de los seniors declaró haber presenciado trampas y optado por no denunciarlas.
Un documento administrativo citado por la universidad atribuye parte del problema a la expansión del uso de productos de IA generativa y a la facilidad de acceso a esas herramientas desde dispositivos personales. Según esa evaluación, la disponibilidad de asistentes generativos y teléfonos móviles ha reducido la barrera técnica para obtener una ventaja injusta en exámenes en aula y ha cambiado la apariencia externa de la conducta indebida, dificultando su detección por parte de otros estudiantes.
La medida persigue principalmente mejorar la documentación y la capacidad de detección: registrar observaciones y contar con testigos formales que puedan respaldar investigaciones. No obstante, conserva límites expresos: los profesores no podrán detener físicamente a un alumno ni imponer sanciones en el momento. Las denuncias que llegan al Honor Committee suelen ser anónimas y la Office of the Dean of Undergraduate Students (ODUS) ha advertido que el anonimato y el temor a la exposición en redes sociales complican la investigación y el seguimiento de casos.
Estudiantes y docentes habían pedido el regreso de la vigilancia en aula como respuesta práctica al auge de las herramientas de IA; la nueva norma pretende equilibrar la tradición del pacto de honor con la necesidad de evidencia y testigos más formales en un entorno en el que la tecnología facilita el fraude. En la práctica, el cambio dejará en manos del profesorado la tarea de documentar comportamientos sospechosos, pero la investigación y las sanciones seguirán sometidas a los procedimientos establecidos por el Honor Committee y la ODUS.
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