Correos internos y registros públicos indican que xAI instaló 19 turbinas portátiles de gas natural en su segundo campus, Colossus 2, en Southaven (Mississippi) entre finales de marzo y principios de mayo, incrementando a 46 el número de turbinas en funcionamiento en el sitio. El movimiento amplía sustancialmente la capacidad local de generación y plantea riesgos para la calidad del aire y la exposición de comunidades cercanas, además de reavivar disputas legales sobre permisos.
Un archivo incluido en los correos, etiquetado con una columna “Total Power Output”, lista la capacidad en megavatios de cada turbina; según esos registros, xAI habría añadido más de 500 megavatios de capacidad desde mediados de marzo. Ocho de las 19 turbinas — conjuntamente sumando más de 200 MW-fueron instaladas después de la presentación de la demanda en abril, según las fechas y anotaciones en la documentación interna. En abril la NAACP, el Southern Environmental Law Center (SELC) y Earthjustice presentaron una demanda que alega violaciones de la Clean Air Act por la operación de más de dos docenas de turbinas sin permisos apropiados.
aun así, en marzo el MDEQ (Mississippi Department of Environmental Quality) emitió un permiso para que el sitio de Southaven opere 41 turbinas, dejando sin resolver qué unidades específicas quedan cubiertas por esa autorización. Las implicaciones ambientales y comunitarias figuran en el centro del conflicto: la quema de gas natural puede aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero y empeorar la calidad del aire local. El sitio original, Colossus 1 en Memphis, recibió críticas en 2024 por operar turbinas cerca de Boxtown, un barrio históricamente negro con problemas de contaminación; la continuidad de operaciones en Colossus 2 ha motivado nuevas acciones legales y protestas.
La NAACP solicitó la semana pasada una orden de emergencia para detener la operación de las turbinas en Colossus 2 mientras se revisa la demanda. Ni xAI ni el MDEQ respondieron a solicitudes de comentario sobre si las turbinas listadas en los correos forman parte del permiso de marzo, según los registros y comunicaciones citadas.
Para constructores y operadores, el caso subraya riesgos regulatorios y técnicos: la magnitud agregada de capacidad (>500 MW), la ambigüedad sobre la cobertura de permisos y los requisitos de interconexión con la red local plantean desafíos operativos. Además, la situación evidencia la necesidad de controles de emisiones verificables y transparencia en despliegues portátiles a gran escala para evitar conflictos legales y comunitarios.
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